La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924).

Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa, y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar, en poder de las llamadas «manos muertas», es decir la Iglesia Católica o las órdenes religiosas que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. También los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Por ejemplo en México, la Ley Lerdo es el sobrenombre con el se conoce "La Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México" y fue expedida el 25 de junio de 1856, por el presidente Ignacio Comonfort. ¹

Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.

La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.